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Brasil: el ajedrez de los corruptos

La manifestación del 13 de marzo en la que bajaron a las calles de Brasil cerca de 3 millones de personas fue la más vasta desde el movimiento “Direitas Já” que desafió a la dictadura en los años 1980. Lo que reclama la marea humana es la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, a quien acusan de un crimen de responsabilidad. También piden la destitución de su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de estar implicado en el escándalo de “Lava Jato”: la malversación de millones de dólares del gigante petrolífero nacional Petrobras en beneficio de empresas de construcción, partidos y personalidades políticas.


Para entender lo que está pasando, retrocedamos un poco para analizar el papel que ha tenido el Partido de los Trabajadores (PT) en los últimos años en el país, y cómo la corrupción ha provocado una profunda crisis política e institucional.




El Brasil de Lula

Lo cierto es que Lula no cumplió con gran parte de lo que dijo en campaña y en algunos aspectos prosiguió con la orientación liberal del gobierno anterior de Fernando Henrique Cardoso. Pero eso sí, el Brasil de fin de mandato de Cardoso era muy diferente al Brasil de Lula cuando dejó su puesto. Cuando da Silva llegó a la cabeza del gobierno en 2003, el país se situaba entre los más desiguales del mundo. De hecho, ese mismo año, tan solo 53 millones de brasileños vivían por encima del mínimo vital (para una población de 181 millones de habitantes en aquél momento). El 6,5% de la población vivía en cabañas de chapa o cartón y el 40% no tenía acceso al agua corriente.


El sistema electoral condicionó la política social de Lula ya que obliga al presidente a elaborar alianzas con otros partidos, incluso teniendo mayoría absoluta. En Brasil, el sistema fue diseñado para garantizar un trato igual entre los estados federados (cada estado, independientemente de su peso demográfico, dispone de 3 senadores para representarlo). Además, las formaciones políticas no necesitan ningún mínimo para la representación nacional, por lo tanto los partidos se cuentan por decenas. Así, el PT tuvo que aliarse con partidos de centro-derecha para gobernar. En parte por ello, algunas medidas anunciadas no tuvieron lugar como por ejemplo la reforma agraria. En su lugar, Brasil se lanzó en el cultivo de organismos genéticamente modificados (como la soja) y el desarrollo de agro-combustibles.

El sistema de alianzas permitió que el cambio de gobierno se hiciera con algo de suavidad. El PT de Lula no tenía la misma orientación que el PT de los años 1980. Lula favoreció la estabilidad macroeconómica y los intereses financieros antes que reformas sociales estructurales. Y eso a pesar de llevar 20 años exigiendo el cese de los pagos a los bancos de Occidente (sobre todo del CityGroup). Siguiendo esa lógica, nada más ser elegido, el presidente se declara a favor de la independencia del Banco Central de Brasil y pone a su mando a un exbanquero del CityGroup: Henrique de Campos Meireles. Como para compensar esta decisión, también nombra ministro de economía y de finanzas a un trotskista: Antonio Palocci. Así, prestándose en cierta medida al juego de los bancos y del capital, Brasil había pasado de tener $30 000 millones de reservas ($16 000 provenientes del FMI) al principio del primer mandato del PT a $200 000 millones al final del segundo.


En lo que si jugó un papel importante el Estado fue en la orientación de la actividad económica y productiva. Sus políticas se centraron en apoyar la inversión productiva en los sectores estratégicos de la energía, construcción naval e infraestructura vial. Además, el gobierno daba a aquellas empresas que aumentaran la inversión productiva condiciones fiscales ventajosas. De forma que el Estado, lejos de la concepción de los años 1990 que lo veía desaparecer lentamente, volvió a cobrar protagonismo y frenó la desindustrialización.


Pero si por algo fue alabado el gobierno de Lula da Silva fue por la pertinencia de sus ayudas a los más pobres. El ejemplo más flagrante es el programa “Bolsa Familial” que tenía como objetivo erradicar la pobreza extrema y permitir una alimentación adecuada a los que no la tenían. Se trataba de una transferencia mensual condicional a la cuenta de la madre (según varios estudios los hombres pobres son más propensos a gastarlo en tabaco o alcohol). Es decir, se mandaba dinero a las familias pobres con la condición de que los hijos fueran al colegio y estuvieran vacunados. De esta manera se combatía la pobreza a la vez que se incrementaba el capital humano proveyendo el mínimo de educación y salud a los trabajadores futuros. El dinero era una base suficiente para devolver la dignidad a los más pobres, pero insuficiente como para dejar de trabajar y depender de él. Además de esta medida, otros componentes del programa lo reforzaban. Por ejemplo había ventajas fiscales para las administraciones territoriales que organizaran mercados locales, bancos de alimentos o restaurantes populares con el fin de favorecer la producción local.


Llegado el fin del segundo mandato, Lula no podía volver a presentarse como candidato ya que la Constitución lo prohibía. Fue Dilma Rousseff quien lo sustituyó y ganó las elecciones. La primera presidenta de la Historia de Brasil quería seguir con la política de favorecer a los más pobres y alzar a Brasil al rango de potencia mundial. Pero esta misión se hacía cada vez más complicada debido a la difícil coyuntura económica internacional. Fue reelegida en 2014 en un contexto económico y social complicado, con prácticamente pleno empleo pero un crecimiento muy mermado y una inflación que robaba poder adquisitivo a los brasileños. A mediados de 2014, Brasil entra en recesión. La impopularidad de la presidenta alcanza niveles record. En 2015, el PIB cayó en 3,8%. Por si fuera poco, llegó el escandalo Petrobras.


Escándalo

La operación “Lava Jato” (limpieza exprés) reveló en marzo de 2014 una gigantesca trama de corrupción ligada al grupo petrolífero público Petrobras. Es natural que la petrolera trabaje con empresas constructoras para todo lo relacionado con las infraestructuras. Y más para las de aguas profundas en la costa meridional donde se descubrieron importantes yacimientos. Las constructoras crearon un cartel para repartirse los mercados y para sobrefacturar los proyectos. Como contrapartida: financiación para campañas electorales, dinero y regalos a los políticos de la coalición gubernamental del PT y otros partidos. Un hecho bastante curioso es que mientras los CEOs de varias empresas implicadas fueron apresados tras la investigación, no ha pasado nada con Odebrecht, la constructora número 1 del país. Y eso que había conseguido mercados jugosos en Cuba, Venezuela y África… probablemente con ayuda.


Los partidos más implicados son el PT, el PMDB (Partido de Movimiento Democrático Brasileño) y el PP (Partido Progresista). Si la presidenta no forma parte de los sospechosos, probablemente se haya beneficiado indirectamente del asunto por medio de la financiación de sus campañas en 2010 y en 2014. Aunque no fuera culpable, buena parte de la ciudadanía la cree responsable por lo menos, teniendo en cuenta que fue ministra de energía entre 2003 y 2005 y presidenta del consejo de administración de Petrobras…

En diciembre de 2015 Eduardo Cunha, presidente de la cámara de los diputados lanza el proceso de destitución contra Rousseff. Se la reprocha el haber maquillado las cuentas públicas de 2014 (financiando el gasto presupuestario por préstamos de bancos públicos para retrasar el débito). En aquél momento varios expertos desestimaban la demanda por tener una base muy frágil. Lo cierto es que este “truco” lo han usado muchos presidentes (aunque a menor escala) y es una técnica conocida como “dribble”.


Así llegamos a la manifestación del 13 de marzo de 2016 donde alrededor de 3 millones de personas desfilan en unas 400 ciudades del país para pedir la dimisión de la presidenta. Movilización histórica. La exasperación de los brasileños colmó cuando el caso Petrobras alcanzó al expresidente Lula, que habría recibido regalos de Odebrecht. Cuando Rousseff lo llama para formar parte de su gobierno con el pretexto de ayudarla a reestablecer la situación económica, esta es acusada por brindarle protección judicial. El juez encargado del escándalo Petrobras, Sergio Moro, difunde una conversación telefónica entre los dos protagonistas en las que se oye a Rousseff aconsejar a Lula usar la nominación al gobierno solo en caso “de necesidad absoluta”. Esta revelación provoca otra oleada de manifestaciones el 16 de marzo.


Relativicemos

El juez encargado del caso, Sergio Moro sospecha –en base a una delación– que el expresidente benefició del dinero de una de las compañías incriminadas: Odebrecht. Los simpatizantes de Lula estiman que se ha orquestado un linchamiento mediático. Los magistrados brasileños discuten sobre la legalidad de las acciones llevadas a cabo contra “Lula” así como la validez del proceso de acusación y destitución en contra de Dilma Rousseff.


En la prensa internacional se oye un eco monótono destacando la “indignación legitima” de los brasileños ante la más que evidente corrupción. He aquí algunos titulares: El 17 de marzo de 2016 el periodista americano Chuck Todd celebraba la movilización “de todo un pueblo”; el 19 del mismo mes El País elogiaba la acción de “un juez heroico”; “Esto no es un golpe de Estado” decía Le Monde el día 30. Según Glenn Greenwald, cabeza visible del caso Snowden, la prensa internacional se limita a difundir el “discurso monolítico, antidemocrático y oligárquico” de los medios brasileños. Un discurso que sería como mínimo una simplificación radical de lo que está pasando. En este mismo tono el periódico alemán Der Spiegel evoca un “golpe de Estado frio” en el que una parte de la oposición y de la justicia estarían implicadas así como la mayor empresa de telecomunicaciones del país: TV Globo.


Pero en esa campaña de la que habla el diario alemán, TV Globo no estaría solo. De hecho, el Estadão de São Paulo publicaba un editorial animando a la “gente de bien” a “cumplir con su deber cívico” ante el “peor gobierno de todos los tiempos”. La cadena de radio Transamérica también había estado difundiendo el día anterior durante 24 horas eslóganes del colectivo Vem Pra Rua, una de las bases obreras del movimiento. “Lo saben todo” o “Lula dirigía el sistema de corrupción” o “¡Su turno [de ir a prisión]!” son algunas de las portadas de la revista Veja.


El Jornal Nacional de TV Globo y el Telejornal de SBT, principales canales de información en el país, minoran los argumentos de la defensa y amplifican los de la acusación de Lula. Se pasa por alto la posible ilegalidad de las escuchas, el abuso de poder del juez y se ignora por completo la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Los medios presentan a las manifestaciones pro-gubernamentales como irrisorias o como “manifestaciones de militantes” aferrados al PT, a los sindicatos y a los movimientos sociales. Se muestra en los medios una imagen de un Brasil que se levanta como un solo hombre contra un gobierno corrupto, cuando la realidad no es tan simple. Una encuesta publicada por el diario Folha de S. Paulo el 14 de marzo de 2016 revela que la gran mayoría de los protestantes poseen un título de estudios superiores y pertenecen a la elite de la sociedad brasileña con rentas que van de medias a muy altas.


En las redes sociales se puede percibir la naturaleza de la revuelta… Como por ejemplo una pareja manifestando con una domestica empujando el carrito del niño; unos manifestantes caminando con una copa de champán… O incluso el cartel que llevaba una joven manifestante: “¡Miserable Dilma! Mi familia no logra contratar empleados domésticos, porque no puede pagar sus cotizaciones sociales”, refiriéndose a los derechos otorgados por el gobierno de Rousseff a los 6 millones de empleados de casa que cuenta el país. A esta “gente de bien” que se alza en contra del gobierno y de la corrupción tampoco se le puede tachar de progresista. Si nos ceñimos a los eslóganes coreados, recriminan los impuestos, rechazan las políticas sociales y cargan contra la educación pública que califican de “fábrica de idiotas” y contra los pobres y electores mal informados instrumentalizados por el PT. Algunos también muestran caricaturas racistas o apelan al ejército.


¿Es una coincidencia que el proceso contra Lula se haya comenzado unos días después de anunciar su candidatura a las próximas elecciones presidenciales? La ofensiva de la justicia pone en duda su imparcialidad y alimenta las sospechas de una posible politización del ministerio público. Las prácticas del juez Moro también alimentan la sospecha: fugas selectivas en la prensa, ruptura del secreto de la instrucción, divulgación de escuchas telefónicas, detenciones preventivas cuestionables…


Si la impopularidad de Dilma Rousseff podría significar la victoria de otro gran partido político, la candidatura de Lula da Silva, que aun goza de gran popularidad, podría acabar con esas esperanzas. Por lo tanto, evitar esa candidatura sería un alivio para la oposición.

Después de todo, las investigaciones en curso salpican cada día a todos los partidos, poniendo de manifiesto hasta qué punto la corrupción agangrena a la clase política brasileña en general. La operación “Lava Jato” salpica a todos. De hecho, se han encontrado hasta mil cuentas no declaradas en Suiza pertenecientes a los partidos de la oposición. Por esta razón la coalición de los dos principales partidos opositores PSDB-PMDB quiere acelerar el proceso de destitución de la presidenta para anunciar el fin de “Lava Jato”. De los 38 miembros de la comisión de destitución que votaron a favor del proceso, 36 de ellos aparecen implicados en la operación “Lava Jato”. El presidente de la cámara de los diputados, Eduardo Cunha, fue suspendido de sus funciones en el mes de mayo y dimitió el 7 de julio siendo el foco de varias acusaciones de corrupción. El vice-presidente, Michel Temer, que estaría destinado a acceder al poder en caso de que Rousseff sea destituida definitivamente en octubre, también está citado en el caso Petrobras. Por añadidura, algo va mal en los medios de comunicación cuando en ellos no aparece nada sobre los cerca de 300 parlamentarios acusados en la operación “Lava Jato”.




La corrupción es la lacra de Brasil, y si el juego político suele ser sucio por naturaleza, jugar con corruptos lo es aún más. Por eso no es de extrañar que las puñaladas sean más traperas y las traiciones más frecuentes. Ciertamente, la corrupción del PT está siendo instrumentalizada por los partidos de la oposición, para hacer lo que no consiguieron hacer de forma democrática: vencerlo.


Pero el problema de Brasil es tanto el PT como los demás partidos. Por lo tanto, ¿bastará la destitución de Dilma Rousseff para calmar a una sociedad exasperada por los trapos sucios de sus elites políticas? “Todo el mundo roba en Brasil, y creo, también yo, que Lula ha robado. ¿Quién no lo ha hecho? Pero su gobierno ha mejorado mucho la vida de los pobres”, son las palabras de una habitante de un barrio popular de Rio de Janeiro.

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