México: la narco-guerra convertida en guerra civil
El número de homicidios ha aumentado drásticamente en el país en los últimos años. Los mexicanos viven episodios característicos de una guerra civil todos los días mientras nuestros medios permanecen en silencio revelando una molesta indiferencia.
La evasión del más célebre traficante de drogas del mundo, Joaquín Guzmán –El Chapo– y su recaptura en enero pasado le valió a México varios titulares. País emergente, con numerosos recursos naturales y grandes reservas de petróleo, es un estado federal cuyo presidente se dota de la casi totalidad de los poderes en mandatos de 6 años. La precaria cohesión social y las fuertes desigualdades entre el centro y la periferia así como un Norte industrializado y un Sur más rural hacen de México un país con grandes problemas estructurales.
Guerra.
En 2006 fue elegido el conservador Felipe Calderón, del Partido de la Acción Nacional, por una minúscula diferencia de 0,58% de los votos. Hasta ese momento, la violencia estaba aislada y concentrada en los grupos de narcotraficantes enfrentados entre ellos. Residual en 1970, la violencia creció a medida que lo hacían los beneficios del narcotráfico. Con el apoyo del departamento anti-drogas de Washington (DEA: Drug Enforcement Administration), Calderón abrió la caja de Pandora poniendo el eje de su política en la seguridad nacional. Para ello se lanzó en una guerra sin merced contra los distintos carteles que pugnan entre sí por el control de la producción y la distribución de las drogas.
El gobierno decidió mandar al ejército a las calles con el fin de tomar el control de varias regiones del país. Así, el número anual de homicidios ha pasado de aproximadamente 2000 en 2006, a 15 000 en 2010. Seis años más tarde, al final del mandato de Calderón, había 121 613 víctimas, casi 13 000 desaparecidos y 160 000 desplazados.
Un conflicto de alto voltaje.
En México se ha instalado un clima de inseguridad donde la producción de drogas no es lo único que genera el caos. La desconfianza hacia las instituciones del estado mermadas por una corrupción generalizada está igualmente al origen de la dramática situación que vive el país. Desde 2006, las violaciones de los derechos humanos, los secuestros que piden rescate y los montones de cuerpos desmembrados forman parte de lo cotidiano.
Pero… ¿está México convirtiéndose en un “narco-Estado”?
La corrupción que agangrena instituciones como la Justicia o la Policía es un argumento a favor de dicha hipótesis. Además, el gobierno sería supuestamente responsable de desapariciones y exacciones cometidas por su ejército. Aun así, los “narcos” no se han hecho con la capital, las instituciones funcionan y existen otros poderes como el mediático o el activismo de la sociedad civil. Atestigua de ello el escándalo de Iguala en 2015 en el que un grupo de 43 estudiantes opositores fueron arrestados, entregados a un grupo mafioso que los masacró. El pueblo salió a las calles a protestar contra la alianza del poder político con los carteles. Las manifestaciones fueron tales que el gobernador del estado de Guerrero se vio obligado a presentar su dimisión. Otro ejemplo es la reacción de la sociedad al crear grupos de autodefensa con el fin de defenderse de las extorsiones perpetradas por el cartel de los Caballeros Templarios en las regiones de Michoacán y de Guerrero.
Una industria sobre ruedas.
La industria de las drogas emplea a medio millón de mientras que PeMex (una petrolera) tiene poco más de 140 000 empleados. Los carteles funcionan como multinacionales, o de forma similar. El que dirige el Chapo, el de Sinaloa, reputado ser el personas cartel de la droga más grande del mundo, tiene influencia en 17 de los 31 estados mexicanos, exporta cocaína a 43 países, cuenta con un tercio del mercado de dicho producto en EEUU. El conjunto de los carteles realizan una facturación que oscila entre 300 000 y 1 000 000 millones de dólares al año. El dinero es blanqueado y colocado en paraísos fiscales o repatriado en efectivo.
Las relaciones entre el mundo de la droga y los altos funcionarios políticos se remontan al legado dejado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Derrotado por el PAN, el año 2000 marca el final de un siglo de gobierno y trapicheo con traficantes y contrabandistas. A partir de ese momento, el estado central en manos del PAN se enfrenta a los traficantes que mantienen relación con gobernadores, cuya mayoría conserva el PRI. Al mismo tiempo, el TLCAN facilita la circulación de mercancías y la demanda en EEUU aumenta.
Sin respuesta adecuada
A partir de 2006, México escoge por estrategia la de dividir a los carteles para debilitarlos. Esto provocó sangrientas luchas entre los carteles causando numerosas bajas civiles colaterales. El resultado fue que de seis carteles que operaban en México en 2006 se pasó a una docena en 2010. En aquél año, los carteles declaran la guerra al estado federal. La guerra es asimétrica: los “narcos” se infiltran en las poblaciones locales e incluso sobornan y emplean a agentes de la policía.
En este contexto, el nuevo presidente elegido en 2012, Enrique Peña Nieto se ve seriamente limitado, teniendo que lidiar con los gobernadores y caciques locales corruptos y miembros de su partido. Las diferentes legislaciones de cada estado también son un freno para sus políticas. Además, el ejército multiplica las exacciones y la popularidad del presidente sucumbe hasta el 34% de opiniones favorables.
Sociedad perpetrada por una violencia brutal.
La violencia estructural del país se remonta años atrás. La guerra de independencia contra España dejó 200 000 víctimas y la revolución mexicana se llevó cerca de un millón de almas. Hoy en día la violencia se expresa con más crudeza con cadáveres decapitados y desmembrados dejados en la calle para que se vean, gente rociada de diésel antes de ser quemada viva… Esto y más para difundir el miedo colectivo y enviar mensajes a los carteles enemigos. También las fuerzas del orden hacen gala de formas de violencia extrema.
Además, la llegada de armas estadounidenses más pesadas permite a los carteles enfrentarse al ejército con material moderno y tecnología punta. Al mismo tiempo, mientras que el Estado no logra reconciliar el Norte con el Sur mediante una identidad nacional fuerte, los “narcos” son vistos en algunos sitios como héroes ya que vehiculan identidades culturales gracias a la televisión y la música. El cartel de Sinaloa redistribuye sus riquezas financiando ayudas sociales en la salud o la nutrición o manteniendo las carreteras en una región de lo más montañosa. Así, cuando su segunda evasión, el Chapo era a veces comparado a Robin Hood.
Los carteles mexicanos también procuran entablar relacionas las mafias colombianas. Los intercambios de drogas y armas son frecuentes. Los servicios de inteligencia colombianos y mexicanos establecieron que existían intercambios de técnicas para la perfección del secuestro y la extorsión. El cartel de Sinaloa, por ejemplo, mantiene relaciones con las FARC y ha comprado franquicias para así controlar el proceso desde la producción a la distribución en total seguridad. Así, los carteles consiguen controlar la calidad y la cantidad de cocaína producida además de ahorrar costes y las mafias colombianas se benefician de las rentas y de la logística mexicana.
Sabiendo que la industria del narcotráfico representa la primera fuente de ingresos para el país (entre $25 000 y $40 000 millones), por delante del petróleo ($25 000 millones)… ¿cómo acabar con él sin que la economía mexicana se hunda?
Si algo se saca en claro de esta situación, es que la guerra y la política crean un mercado… En México, el mercado de la droga está estrechamente ligado al de la guerra. Gracias a los dos mercados los carteles de la droga pueden enfrentarse a un gobierno cuya política no hace más que alimentar el poder de estos últimos, desbocando la situación todavía más si cabe. Lo que revela el caso mexicano es que el crimen organizado vive del poder político y por ello, al ser indisociables, México podría clasificarse como un narco-Estado.